Han pasado 100 años de que inició la guerra cristera y me parece importante recordar las causas que detonaron uno de los episodios más dolorosos para el pueblo de México del siglo XX, pero que la historia nacional quiso olvidar.
Fue una época en la que la fe y la convivencia comunitaria fueron fracturadas por la intolerancia del gobierno. La historia oficial prefirió guardar silencio, pero la memoria colectiva del pueblo mexicano jamás lo olvidó.
En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles promulgó la Ley de Tolerancia de Cultos (conocida como Ley Calles), que buscaba hacer efectivas las restricciones anticlericales contenidas en los artículos de la constitución.
La ley limitaba el número de sacerdotes, suspendía la educación religiosa, expulsaba a clérigos extranjeros y exigía el registro de los ministros ante las autoridades civiles.
La jerarquía católica optó por suspender el culto público en los templos, al tiempo que movimientos laicos como la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa promovieron un boicot económico que derivó en alzamientos armados en el centro y occidente del país.
El conflicto duró casi tres años (entre 1926 y 1929) principalmente en estados del centro del país. Fue una guerra, que se dice, cobró la vida de más de 250,000 personas, detrás de las que hubo familias separadas, templos cerrados con violencia y un tejido social profundamente desgarrado.
En junio de 1929, bajo el auspicio del embajador estadounidense Dwight Morrow y la mediación del Vaticano, el presidente Emilio Portes Gil y la jerarquía católica firmaron los arreglos en donde el gobierno se comprometió a no aplicar la ley Calles de forma rigurosa, permitir la reanudación del culto y conceder la amnistía a los combatientes cristeros que entregaron las armas.
Esos arreglos trajeron consigo un pacto de convivencia pragmática, pero no un marco legal de respeto a la convivencia.
Pasó más de medio siglo para que el Estado mexicano saldara esta deuda histórica con el reconocimiento pleno de la libertad religiosa y la personalidad jurídica de las iglesias.
En 1992, con Carlos Salinas de Gortari, se impulsó una reforma profunda a 5 artículos constitucionales, acompañada de la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Como diputado federal en esa LV Legislatura, tuve el honor y la responsabilidad histórica de participar activamente en aquellos debates parlamentarios en donde se confrontaron visiones históricas, pero prevaleció la voluntad de madurar nuestro régimen democrático.
Superamos los tabúes del pasado para construir un marco jurídico moderno que garantizara la libertad de creencia, sin renunciar al carácter laico del Estado mexicano.
Las reformas alcanzadas incluyeron el otorgamiento de personalidad jurídica a las iglesias y organizaciones religiosas, pasando a ser agrupaciones religiosas.
Se garantizó el derecho de voto a los ministros de culto, manteniendo la separación entre Iglesia y Estado y se permitió a las iglesias adquirir los bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines, además de consagrar claramente el derecho de toda persona a la libertad de conciencia y de creencia religiosa.
Aprender de las lecciones de la Guerra Cristera y del logro alcanzado en 1992 nos recuerda que la libertad no se da por sentada; se construye y se defiende día a día.
Fue un paso muy importante en defensa de la libertad. Si en 1992 se pudo reconciliar a México, hoy el compromiso democrático nos llama a defender con la misma fuerza la libertad de expresión.