El proyecto económico del gobierno.

El proyecto económico del gobierno.

Con la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, el tema del proyecto económico del gobierno se impone en la discusión pública.

En las versiones de los protagonistas principales de este desencuentro, se notan las discrepancias en materia económica, principalmente en torno a decisiones de política pública sin el suficiente sustento (argumento de Urzúa) y en torno al contenido del Plan Nacional de Desarrollo (explicación del Presidente) del que llegó a afirmar que era, “un documento de corte netamente neoliberal que podría haber sido hecho por Carstens o Meade”.

Fuimos testigos de un debate en torno al modelo económico, en el que el responsable técnico de cuidar la estabilidad y las condiciones favorables para la economía, tenía claras las reglas y condiciones necesarias para cumplir su tarea exitosamente, y el Presidente las rechaza y se niega a suscribir un Plan basado en reglas que, a su juicio, significan la continuidad del modelo neoliberal.

El gobierno apuesta por condiciones de corte neoliberal en la aplicación de algunas de sus estrategias económicas (fundamentalmente en materia de déficit, en su negativa a aumentar impuestos y en su decisión de adelgazar la burocracia y reducir el gasto gubernamental) pero, evidentemente, no estuvo dispuesto a presentar un Plan de Desarrollo que pudiera ser visto como neoliberal, ya que ese es el principal enemigo del Presidente en su discurso de la 4T.

La reciente disputa nos deja una lección importante: El gobierno de México tiene claro que modelo económico no quiere instrumentar, pero no tiene idea qué modelo económico pretende implementar.

Las contradicciones señaladas en los primeros meses de gobierno son claras para llegar a esa conclusión. Estrategias de corte neoliberal para generar ahorros pero, del otro lado, estrategias francamente estatistas que desalientan la inversión productiva, fundamentalmente en el sector energético y de telecomunicaciones.

Redireccionamiento o reasignación del gasto público en proyectos de inversión y gasto social sin el debido sustento técnico, es decir, sin diagnóstico, sin mecanismos de evaluación y sin indicadores de resultados, en franca violación a las reglas del artículo 134 constitucional y las leyes secundarias correspondientes, acompañadas de decisiones que provocan desconfianza en el Estado de Derecho y la estabilidad económica, son la constante.

Los especialistas en materia económica ya observan condiciones de estancamiento y alertan, preocupados, sobre la posibilidad de entrar en recesión en las próximas semanas. Los subejercicios presupuestales resultan alarmantes y se hacen acompañar de una nueva Ley de Austeridad que otorga facultades discrecionales al Presidente para decidir el uso de esos subejercicios o ahorros, como prefiere llamarlos el gobierno.

Podemos concluir que el gobierno tiene clara una estrategia de redistribución basada en el recorte de gastos gubernamentales y su reasignación hacia los grupos que el propio gobierno ha decidido.

Así, el Presidente apostó por exprimir los recursos fiscales para realizar acciones de redistribución, a costa de otras responsabilidades del gobierno, pero sin definir con claridad un modelo de generación de riqueza nacional, destruyendo los cimientos de seguridad jurídica y oportunidades de inversión que ya existen en México y que resultaban muy atractivos al capital.

Creo que debemos apoyar con convicción la decisión estratégica del gobierno federal de resolver de fondo las inconsecuencias del modelo económico que, permanente y agresivamente, amplían la brecha de desigualdad en México, a través de nuevos mecanismos de redistribución del ingreso y de la renta. Sin embargo, debemos ser exigentes en que se cumplan cabalmente los principios previstos en el artículo 134 de la Constitución: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

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Humberto Aguilar Coronado

Politólogo y Master en Negociación por la UC3 de Madrid, España.

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