La revocación de mandato. Un episodio más de la agenda autoritaria de López Obrador

La revocación de mandato. Un episodio más de la agenda autoritaria de López Obrador

El pasado 15 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato del Presidente de la República y, si así se establece en las constituciones locales, de los gobernadores.

La aprobación de este mecanismo ha sido objeto de fuertes críticas en los ámbitos políticos y académicos, pues se considera que el propósito fundamental de la reforma es permitir que el presidente López Obrador se convierta en el protagonista central del proceso electoral federal de 2021, mediante una campaña formal en la que pida a los electores que voten en contra de que se revoque su mandato.

Esta intervención en el proceso electoral intermedio significaría la muerte definitiva del principio de equidad como valor central del derecho electoral, pues desde la Constitución se autorizaría la participación activa en actos de campaña del Presidente de la República, al mismo tiempo que estarían en campaña candidatos de todos los partidos para cargos de diputados federales, gubernaturas, ayuntamientos y diputados locales.

Por ello, llama la atención que el proceso de revocación de mandato pueda ser solicitado por el propio Presidente de la República o por el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Según el dictamen aprobado por los diputados, el Presidente de la República o los integrantes de MORENA en las Cámaras del Congreso podrían pedir que se revoque el mandato del propio Presidente. Esto es tan absurdo que deja ver con claridad que la intención no es que se revoque el mandato, sino que se reafirme el apoyo de los votantes al Presidente.

Cuando en el dictamen se propone facilitar el proceso de consulta popular, se decide bajar del dos al uno por ciento el umbral para formular solicitudes ciudadanas para el desahogo de una consulta popular y, en cambio, en el caso de la revocación de mandato se propone subir ese umbral hasta el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal, con la clara intención de dificultar el proceso de solicitud ciudadana, es decir, la solicitud de ciudadanos inconformes con el Gobierno.

Es evidente que el mecanismo propuesto en el dictamen aprobado por los diputados no pretende generar un mecanismo democrático de control ciudadano del poder público, sino legalizar la participación activa del presidente en el proceso electoral intermedio, con lo que, en los hechos, se destruye de manera definitiva el principio de equidad electoral.

Esta es una nueva señal de la vocación antidemocrática de López Obrador.

El presidente se presenta públicamente como un demócrata. Se vale de su aceptación de los resultados en los procesos electorales en los que fue derrotado (2006 y 2012) para mostrar públicamente su aceptación de las reglas del juego democrático; arribó al poder por las vía de las urnas en un proceso legítimo en el que fue postulado por un partido político cuyo nacimiento él mismo impulsó. Sin duda, llega al poder con excelentes credenciales democráticas.

Sin embargo, como en el caso de la revocación de mandato, el presidente está decidido a minar desde dentro las bases fundamentales del mecanismo que le permitió llegar al cargo que hoy ocupa.

Las medidas que López Obrador está impulsando se presentan a la población como mecanismos para mejorar la democracia. Difícilmente puede cuestionarse la naturaleza democrática de las consultas populares y de la revocación de mandato; es muy popular imaginar a la Suprema Corte de Justicia con una nueva sala dedicada exclusivamente a resolver temas de corrupción e integrada por especialistas en la materia; es absolutamente legal que el Presidente de la República nombre a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía cuando el Senado rechazó dos veces las ternas que propuso.

Sin embargo, todas estas decisiones demuestran que López Obrador entiende a las instituciones como armas políticas que pueden utilizarse en contra de sus opositores. Y para López Obrador la oposición no es la que está representada en los partidos políticos, para él la oposición es todo aquél que no comparta sus puntos de vista y sus maneras de ejercer el poder.

López Obrador está decidido a acabar con los contrapesos que significan los órganos constitucionales autónomos y los otros poderes de la unión. La Corte será controlada aumentando el número de ministros y los órganos constitucionales autónomos acabarán siendo integrados por personajes afines e incondicionales al presidente. La Cámara de Diputados podría mantener la mayoría calificada después del proceso electoral de 2021 porque el presidente hará campaña al mismo tiempo que sus candidatos a diputados. La destrucción del principio de equidad se utilizará también para tratar de que las legislaturas de los estados y las gubernaturas sean mayoritariamente de MORENA.

El panorama descrito refleja, sin duda, la agenda autoritaria de López Obrador.

A los partidos de oposición y a los ciudadanos nos corresponde la defensa de nuestra democracia. El mundo nos arroja ejemplos clarísimos del riesgo de tener un presidente autoritario y de permitirle que destruya desde dentro las fortalezas de la democracia. Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Perú en América nos muestran que estamos obligados a encarar con valor la defensa de nuestra Constitución y de las normas democráticas que puedan detener la vocación autoritaria del régimen.

Nuevamente tendremos que poner atención al comportamiento de los partidos de oposición en el Senado. Nuevamente tendremos que poner nuestras esperanzas de frenar a López Obrador en la frágil composición de la oposición en el Senado.

Por ello, la obligación de actuar como una oposición ordenada, coherente y con agenda democrática clara se hace, cada día, más urgente.

 

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Humberto Aguilar Coronado

Politólogo y Master en Negociación por la UC3 de Madrid, España.

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