Las marrullerías de López Obrador en contra de la Inversión Privada en Energía Eléctrica.

Las marrullerías de López Obrador en contra de la Inversión Privada en Energía Eléctrica.

El embate contra las energías limpias.

El 20 de abril de este año, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), por conducto de su Director General emitió el controvertido Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Del texto del acuerdo se lee que la medida se adopta porque “se  ha presentado una reducción en el consumo de energía eléctrica por los usuarios finales…”

En el acuerdo se establece que en virtud de tal reducción en el consumo, “… es de alta prioridad fortalecer la Confiabilidad del Suministro Eléctrico a los usuarios de actividades sustantivas y sociedad en general.”

Para atender esa alta prioridad, la Secretaría de Energía (SE) “… comunicó al CENACE la necesidad de que se implementen los mecanismos que resulten necesarios, en el ámbito de sus facultades, para efectos de fortalecer y mantener la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Suministro Eléctrico, para hacer frente a la situación de emergencia y con ello minimizar riesgos que impidan satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios Finales bajo condiciones de Suficiencia y Seguridad de Despacho.”

Hasta ese punto, suena razonable y justificado que la SE, en ejercicio de sus responsabilidades legales, solicitara al CENACE que instrumentara las acciones necesarias para satisfacer la demanda de energía eléctrica durante la etapa de atención de la pandemia de COVID.

El problema es que el Gobierno de López Obrador, siempre está bajo sospecha de actuar de manera ilegal o abusiva, cuando se trata de asestar golpes a todos aquéllos que considera sus enemigos, o cuando ve la posibilidad de hacerse de recursos a los que, jurídica y legalmente, no debiera tener acceso.

Desde el día en que al Presidente no le importó hacer el ridículo criticando la fealdad paisajística de los generadores eólicos instalados en La Rumorosa, quedó claro el mensaje con el que se ratificaba la decisión de suspender las subastas eléctricas: En México no se darán permisos para parques eólicos y solares.

Con un video colgado en YouTube el Presidente canceló las subastas eléctricas a que se refiere el artículo 53 de la Ley de la Industria Eléctrica para la suscripción de contratos de cobertura eléctrica. El Presidente cerraba la puerta para las operaciones de compraventa de energía eléctrica y, con ello, a la participación del sector privado en el mercado.

Sin embargo, con la cancelación de las subastas el problema ideológico en juego sólo se resolvía a medias. Faltaba frenar la presencia de participantes privados que ya tenían permiso y que se encontraban en proceso de ejecución de sus inversiones.

Como “anillo al dedo” le vino al Presidente la crisis sanitaria. En ese contexto la SE le encomendó a la CENACE un acto muy burdo, frenar el proceso de ejecución de los proyectos de generación solar y eólica que se encontraban en curso.

A través de un documento denominado Acciones y Estrategias de Control Operativo para Fortalecer la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, incorporado como Anexo Único (Técnico) al acuerdo del CENACE, su Director de Planeación y Operación, Ing. Gustavo Villa Carapia, propuso que a partir del 3 de mayo del 2020, quedaran suspendidas las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial. Así mismo, para aquéllas que no han iniciado, no se autorizan pruebas preoperativas.

En 12 puntos que abarcan una cuartilla, el CENACE pretende que se tenga por suficientemente motivada la decisión adoptada al afirmar, sin ningún sustento técnico, que el 15 de abril de 2020, durante el periodo de pruebas previas a la operación comercial de Centrales Eléctricas Fotovoltaicas en el Noreste del país, “… se estimuló el fenómeno de oscilaciones electromecánicas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) en 2 ocasiones.”  Por lo que, “… la generación intermitente de Centrales Eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la Confiabilidad del SEN en suficiencia, Calidad y Continuidad en el suministro eléctrico.”

En Derecho Público rige el principio de buena fe de la autoridad. Ese principio sirve de sustento a la presunción de validez de los actos gubernamentales, y ha dado lugar a los criterios jurisdiccionales que sustentan la presunción de licitud de los actos válidamente emitidos por las autoridades públicas.

El respeto a esos principios, nos deberían permitir confiar en la buena fe del Gobierno de López Obrador, pues significarían que nuestro gobierno respeta irrestrictamente el Estado de Derecho.

Sin embargo, las acciones en este corto periodo de gobierno han demostrado que la regla de acción de este gobierno es la trampa, la falta de respeto a la Constitución y a la ley, la amenaza como mecanismo de convencimiento y el desprecio total de cualquier interés, bien o valor que se oponga a su proyecto.

No tengo duda de que los tribunales van a revocar la decisión del CENACE. Sin embargo, los costos para el país serán, nuevamente, enormes.

Se ha puesto el énfasis en el costo medioambiental de las políticas de López Obrador.

También se ha puesto mucha atención en los costos diplomáticos gracias a la reacción de Canadá y la Unión Europea.

En materia de inversiones productivas, el daño es evidente. El gobierno afirma, sin evidencia, que las plantas fotovoltaicas y eólicas afectan la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Con esa premisa, nadie, ni nacional ni extranjero, puede invertir en generación de electricidad de esas fuentes pues cada dólar está destinado al basurero.

En materia de competitividad, seguramente seremos testigos de la migración de proyectos de producción para la cadena norteamericana a favor de lugares que, sin la ventaja de la vecindad, cuenten con energía suficiente y a precios aceptables en donde, además, el gobierno no sea su enemigo.

Financieramente vamos a pagar indemnizaciones por daños a las empresas afectadas y vamos a pagar los sobreprecios debidos a las ineficiencias de la CFE, ya sea vía tarifas o vía subsidios.

Todos estos daños son materia de responsabilidad jurídica, administrativa y política. El Director de Operación y Planeación del CENACE, su Director General, la Secretaria de Energía y el Presidente de la República deberán responder al pueblo de México por los daños que sus decisiones están acarreando al destruir un bien que, si no plenamente asentado en  México, si es indispensable para al bienestar de su población: El respeto a la Constitución y un verdadero Estado de Derecho.

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Humberto Aguilar Coronado

Politólogo y Master en Negociación por la UC3 de Madrid, España.

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