Durante décadas, una de las mayores exigencias de las fuerzas democráticas y de los partidos políticos en México se sintetizó en una frase contundente: que el gobierno sacara las manos de las elecciones.
Ese reclamo ciudadano y político fue uno de los que motivó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990. En sus inicios, la presidencia del Consejo General recaía en la persona del secretario de Gobernación. Hombres de Estado como Jorge Carpizo o Emilio Chuayffet, encabezaron de manera institucional aquel órgano colegiado en momentos clave de la transición mexicana.
Sin embargo, la búsqueda constante de equidad, imparcialidad y certeza condujo de manera natural a la autonomía del árbitro electoral.
Un paso muy importante se dio en las mesas que organizó el Centro de Estudios para la Reforma del Estado tras el proceso de 1994. Ahí, con visión de futuro, Alonso Lujambio propuso formalmente que el secretario de gobernación abandonara de manera definitiva la presidencia y la integración del propio Consejo del IFE, misma que logró en la reforma de 1996 al dar paso al “IFE ciudadano”, presidido por José Woldenberg.
Desde entonces, la autonomía del órgano electoral fue valorada y se convirtió en uno de los grandes logros de nuestra naciente democracia.
Por eso resulta sumamente grave el hecho de que la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, invitó a la titular de la secretaría de gobernación a asistir al evento de arranque del proceso electoral del año que viene.
Tenía mucho tiempo que un secretario de gobernación no se apersonaba, de esa forma, en el inicio de un proceso electoral.
El problema de fondo no es protocolario, es el mensaje político distorsionado que se envía a la sociedad y a los partidos, afectando la señal de neutralidad que el INE está obligado a transmitir.
El INE es el organismo constitucional autónomo encargado de arbitrar la contienda con independencia absoluta frente al poder en turno, para garantizar a ciudadanas, ciudadanos y partidos políticos que su actuación se regirá estrictamente bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y profesionalismo.
Validar o normalizar la presencia o influencia del gobierno sobre el árbitro electoral representa un retroceso de tres décadas.
La autonomía no es solo una declaración en la Constitución, se demuestra y se defiende en los actos diarios y en la dignidad de sus autoridades.
En momentos donde las instituciones democráticas sufren embates permanentes, recuperar la sana distancia entre el Poder Ejecutivo y el órgano electoral es indispensable para cuidar la legitimidad del proceso electoral, la voluntad ciudadana y el resultado que proviene de las urnas.